En lo que puede considerarse un comienzo auspicioso para una salida al conflicto comercial entre la Argentina y Brasil, el gobierno de Dilma Rousseff autorizó liberar y nacionalizar, es decir, permitir el ingreso e incorporar a su mercado, unos mil automóviles de fabricación nacional que permanecían en la frontera.
Los vehículos argentinos se encontraban demorados por la aplicación de licencias no automáticas por parte de Brasil. Estos autos forman parte de unas tres mil unidades que no pudieron ser entregadas en el país vecino.
Fuentes del Ministerio de Industria indicaron que “Argentina responderá con un gesto de buena voluntad correspondiente” para liberar productos de origen brasileño, como neumáticos y baterías, por los que también se aguardaba autorización para su ingreso a aquel país.
La aplicación de restricciones para el ingreso de vehículos de origen nacional generó una áspera disputa comercial con el socio del Mercosur, que movió una serie de comunicados cruzados entre la ministra de Industria Argentina, Débora Giorgi, y su par brasileño, el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel.
Giorgi y Pimentel dialogaron el lunes hasta última hora para que se libere la entrada de vehículos fabricados en Argentina al país vecino. Ambos funcionarios acordaron una reunión, que se realizará después del encuentro preparatorio que concretarán el secretario de Industria argentino, Eduardo Bianchi y su similar brasileño, Alessandro Teixeira, los días lunes y martes próximos, en Buenos Aires.
Bajo presión de la Federaciónde Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), la central fabril más importante de Brasil, el gobierno de Rousseff decidió aplicar las trabas comerciales para automóviles y autopartes argentinos, en respuesta a las restricciones que el Gobierno argentino impuso al ingreso de alimentos procedentes de Brasil.
La medida tiene un importante efecto para la industria automotriz local, que coloca cerca de la mitad de la producción de autos y repuestos en el mercado brasileño.
Paulo Skaf, titular dela FIESP, cuestionó el miércoles que mientras Brasil establece un plazo inferior a los 60 días para la liberación de las operaciones, la Argentina “a veces, lleva hasta diez meses” para el mismo trámite, en lo que estimó quita previsión “tanto al importador argentino como al exportador brasileño”.
