El barrio de Monserrat había adquirido un color distinto a partir de la toma por parte de 23 familias de una de sus principales calles desde hace varios días.
Se trata de un grupo de personas que, al parecer, contaba con el apoyo de comerciantes y vecinos de la zona, en su reclamo de viviendas, luego de ser desalojados de un inmueble que ocupaban ilegalmente y que entró en una puja por una herencia en suspenso.
El 23 de marzo se reunieron con el juez Roberto Gallardo, que ordenó que se los proveyera de baños químicos y frazadas.
Después de diez días viviendo en la calle, el pasado 20 las 23 familias desalojadas del edificio de México 1220 desocuparon la calzada. Durante la mañana pudieron cobrar los cheques del subsidio de $ 7.200 que cada una recibió del Gobierno porteño. Y alrededor de las 14 se fueron y la calle quedó abierta al tránsito.
Estas familias, integradas por 106 personas incluyendo a 55 chicos, acampaban en la calle México desde el lunes 11, cuando fueron desalojadas de un edificio que ocupaban desde hacía una década en el barrio de Monserrat.
El pasado lunes 18, sin embargo, llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social porteño, durante una reunión convocada por el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo. En el marco de ese convenio, el martes cada familia recibió un cheque por $ 7.200 a cambio de desocupar la calle. Y se acordó que, el 2 de mayo se realizaría otra audiencia en el juzgado de Gallardo para buscar una solución de fondo para su problema de vivienda.
Pero el martes las familias no se fueron de México al 1200. Cuatro de ellas tardaron en obtener sus cheques por problemas con sus documentos. Y cuando pudieron recibirlos, los bancos ya habían cerrado. Desde Desarrollo Social, consiguieron que pasadas las 17 abriera una sucursal del Banco Ciudad especialmente para que cobraran, pero no fueron a hacerlo. Quienes los acompañaban y hablaban por ellos, dijeron que ya era tarde para alquilar un lugar para pasar la noche.
Los ocupantes decidieron quedarse una noche más. Hasta que finalmente cobraron sus cheques y liberaron la calle. “Estábamos preocupados, porque pasaron una noche más en la calle con sus chicos y, encima, con el peligro de tener cheques al portador. Este miércoles a las 7.30 volvimos a poner fletes a su disposición. Finalmente, cobraron, subieron sus pertenencias a los transportes y se fueron a los hoteles que eligieron”, explicó Guadalupe Tagliaferri, directora de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social porteño.
Las ex bodegas Giol
Finalmente las más de 30 familias que ocupaban ilegalmente las ex Bodegas Giol, en el barrio de Palermo, y que habían rechazado el desalojo que intentaron realizar fuerzas federales decidieron abandonar voluntariamente el predio, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno nacional.
Allí vivían 37 grupos familiares: 37 mujeres y 35 hombres (en familia), 25 niños, 81 adolescentes y nueve hombres solos. El edificio presenta rajaduras y huecos que la gente cubría con tela y cartones y el interior estaba dividido en sectores de 6 x 4 metros donde convivían varias familias. Las instalaciones eran improvisadas e inseguras, y detrás del predio hay un basural plagado de ratas.
Durante la mañana del pasado jueves 14, agentes de la Policía Federal arribaron al predio con la orden de desalojar a las 178 personas. Esto derivó en una protesta de parte de varios de los ocupantes, que en respuesta a la orden del juez decidieron cortar la calle Godoy Cruz. Aseguraban a los medios de comunicación que no iban a desalojar y que estaban preparados para resistir el accionar policial. Sin embargo, poco después, el comisario Poggi, encargado del operativo, dispuso que los efectivos policiales se retiraran, a partir de una orden judicial que suspendía “por el momento” el desalojo.
Luego de varias negociaciones, ocupantes del predio confirmaron que alcanzaron un acuerdo con el Gobierno nacional, que se comprometió a alojarlos en hoteles hasta tanto se les encuentre otro predio para que puedan construir nuevas viviendas.
Antes, los ocupantes habían rechazado una propuesta que les realizó el Gobierno porteño: consistía en el pago de diez cuotas de 700 pesos para que desalojen ese predio.
Por la noche llegó la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, que destacó que a todos les prometieron ayuda: “A aquellos que tienen terrenos se les entregarán materiales para la construcción”.
El edificio de hormigón gris, que está en ruinas, tiene casi 5.000 metros cuadrados en cuatro pisos y está ubicado junto a las vías del ferrocarril San Martín. Su demolición forma parte del proyecto de construcción de un Polo Cientifico-Tecnológico.
Las Bodegas Giol, de Mendoza, fueron pioneras del desarrollo de la industria del vino en el país y el predio fue desalojado violentamente en octubre de 1994 cuando era usurpado por 208 familias.
Fuentes: Clarín, La Nación – Fotos: Télam
