Jueves, siete de la tarde, en avenida Pueyrredón y Córdoba. Mariana Balza (23) camina relajada a la salida del trabajo y habla con su mamá por teléfono. Pero la charla se interrumpe abruptamente: un adolescente pasa corriendo, la empuja y la golpea en la cabeza para arrancarle el aparato de las manos. La chica forcejea y cae al piso. El ladrón escapa con el celular y ella queda presa de un ataque de nervios. “Me salvé de que no me hiciera algo grave. Pero estoy harta. En un año ya me robaron tres teléfonos; uno me lo sacaron de la cartera, en la Costa, y los otros dos me los arrancaron de las manos, en Capital. Al principio hice la denuncia, pero después me cansé, porque pierdo tiempo y no recupero nada”, cuenta.

Situaciones como la de Mariana se reiteran a diario. Son miles los usuarios de telefonía celular que se ven obligados periódicamente a comprar un nuevo aparato, pero no justamente porque quieran cambiar de modelo sino porque sencillamente se lo robaron.

Durante 2010, en el país se robaron dos millones de teléfonos, de acuerdo con datos surgidos de un estudio realizado por la consultora Carrier y Asociados (que realiza estudios para empresas de comunicaciones). Una de cada cinco personas que el año pasado renovó su celular lo hizo porque fue víctima de un robo.

Del mismo informe se desprende que los que más sufren este tipo de delitos son los adolescentes: representan al 35 % de las víctimas. “Son los jóvenes los que más cambian su celular porque se lo roban. Muchos tienen el sistema de prepago y a veces no lo llegan a denunciar más que a la compañía. Es decir, no hacen denuncia policial. Un motivo de esta tendencia puede ser que los chicos van más despreocupados por la calle y que los padres les aconsejan entregar los teléfonos sin resistencia en caso de robo”, explicó a Clarín Enrique Carrier, director de la consultora que hizo el estudio.

Las empresas de telefonía que trabajan en el país dijeron a Clarín que no tienen información sobre la cantidad de robos que sufren sus clientes. De todas formas, aseguraron que el delito fluctúa y que además hay una cifra negra por aquellos clientes que no denuncian el robo (en su mayoría, los que usan sistemas prepagos).

Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, advierte un problema con las denuncias. “Muchos usuarios cuentan que van a la empresa a denunciar el robo y allí les dicen que el sistema no anda, que tienen que volver en dos horas. ¿Y si en el medio ese celular es usado para un secuestro o una salidera, qué pasa? Lo que contestan en las telefónicas es que luego el cliente hará su descargo, con todo el trámite burocrático que eso implica. Por lo tanto, sugerimos hacer la denuncia también ante la Policía y en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), para evitarse dolores de cabeza mayores”, señaló a Clarín.

Debido al aumento de los robos de celulares –que tras su reciclaje suelen ser usados también para delinquir –, el Gobierno bonaerense habilitó un número único de cuatro dígitos para denunciar el robo de aparatos de cualquier compañía. Es el *910.

Los blancos posibles son millones. La Cámara de Informática y Comunicación de la Argentina (CICOMRA) publica datos del INDEC en su web, que aseguran que en diciembre de 2010 había 56.725.200 aparatos móviles en el país. En enero de este año, la cifra ya había ascendido a 57.850.400.

Sin embargo, tanto fuentes policiales como de tres empresas de telefonía celular dijeron que, en realidad, operan entre 35 y 37 millones.

El 80 % elige la modalidad prepaga con tarjeta por sobre los abonos, según la CNC.

El arrebato del celular constituye legalmente un hurto. Y es una de las modalidades delictivas que más ha crecido en los últimos años en la Capital Federal. A tal punto que, según fuentes policiales, en la ciudad el promedio de robos de aparatos es de 800 por día.

La Asociación de Defensa del Consumidor (ADECUA) señaló que los robos aumentaron desde hace unos tres años. Sandra González, su titular, le confirmó a Clarín que en ese lapso las denuncias en su sede crecieron un 40 %.

Las zonas más conflictivas, donde más arrebatos se producen, son el Microcentro, las estaciones de Once, Constitución, Retiro y Liniers. Hay otras zonas calientes como Belgrano (en la zona próxima a Cabildo y Juramento) y lugares visitados por turistas, víctimas habituales de estos ladrones.

La modalidad se ve alentada por un mercado ilegal que permite volver a poner los aparatos en circulación muy rápido y a un costo muy bajo. Los celulares robados van a parar a las llamadas “cuevas”: comercios donde se reciclan con facilidad (ver El recorrido…).

El desbloqueo de aparatos se consigue por 50 pesos. Y los chips pueden obtenerse en las entradas de las estaciones de trenes, por ejemplo, a 10 pesos.

Otra forma de delito que tiene que ver con la telefonía es el de la estafa a través del robo de identidades. Los delincuentes obtienen los datos personales y el domicilio de una persona y los usan para sacar líneas, Según explicó Daniel Monstersky, del portal www.identidadrobada.com, ante esta situación hay que hacer una denuncia ante la empresa por desconocimiento de línea.

El recorrido en el mercado negro

Después de que un ladrón roba un teléfono celular y el usuario hace la denuncia, las empresas de telefonía móvil deben seguir un procedimiento para restringir el uso del equipo. Esto se debe a que, hace varios años, todas las operadoras acordaron mantener un intercambio permanente de la información de los equipos robados para proteger a los clientes y evitar que el equipo sea usado otra vez.

Técnicamente lo que se hace es bloquear una suerte de DNI que tiene cada equipo: lo que se conoce como IMEI (International Mobile Equipment Identity, en inglés, o identidad internacional del equipo móvil). “Es un número, que se puede conocer marcando *#06# o consultando el calco pegado en la parte trasera de la batería o caja original. Si el número no figura en el teléfono es probable que el aparato sea robado, ya que los delincuentes a veces logran reemplazarlo por otro originalmente asignado a un teléfono legítimo. Eso puede perjudicar a un cliente de buena fe”, aseguró a Clarín un vocero de la empresa Movistar.

Según contaron expertos en delitos tecnológicos de la Policía Federal, “las llamadas ‘cuevas’ maquillan los celulares y, a través de un software, los desbloquean. Luego les cambian el IMEI usando números que no aparecen en la base de datos de aparatos robados de las empresas y les ponen nuevos chips (que, en general, también son robados). Ese desbloqueo se hace con máquinas que vienen de Rusia o China y hasta en Internet hay herramientas para hacerlo”.

De acuerdo con los voceros policiales, “el problema es que hoy en día los celulares se venden como pan caliente, la gente accede fácil y el delito aumenta porque hay más demanda”. Pero claro que los clientes de este mercado negro también quedan involucrados: “La venta de chips ya activados o celulares robados es una operatoria comercial de reventa no autorizada. La gente la usa por su bajo costo pero es ilegal ”, dicen.

Entidades de consumidores y la misma Policía advierten que los controles de las empresas y de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) son insuficientes, por lo que el delito persiste.

“La falta de controles favorece a los ‘bolseros’ (quienes compran y venden celulares robados en el mercado negro), que cambian la identificación de los aparatos. Las prestatarias no se preocupan por saber dónde están los chips de los teléfonos que vendieron porque cuando son reactivados siguen facturando”, aseguran fuentes policiales. “El cambio de chips lo hacen hasta los clientes legales y nadie se da cuenta de eso ni lo controla”, agregan.

Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, aporta: “En Europa, cuando se roba un celular, no hay forma de volver a habilitarlo por el control estricto que hay. Celular que se roba, aparato que se bloquea y se tira a la basura, no hay opción. Acá no pasa y eso indica que algo está fallando”.

Operativo. Los celulares robados también se usan para cometer delitos

Fuente: Clarín – Fotos: Télam