En comparación a otros países de la región, la República Argentina es uno de los pocos que ofrece Educación Superior gratuita por ley.
En Chile, por ejemplo, existen universidades públicas, pero están aranceladas y, al cambio, pueden llegar a costar más de 100 mil pesos por año.
La ley 27204, sancionada en octubre de 2015, modificó algunos artículos de la ley 24521 sobre la responsabilidad que tiene el Estado en materia de Educación Superior.
Después de los cambios aplicados en la ley, quedó explicitado que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la Educación Superior ya que la educación es un bien público y un derecho humano y social.
El Estado Nacional es responsable por el financiamiento, supervisión y fiscalización de las universidades nacionales y de las privadas. También en los casos que correspondiere, tiene la responsabilidad de otorgar la subvención de los Institutos de Formación Superior de gestión privada en el ámbito de su jurisdicción.
Esta responsabilidad principal e indelegable implica que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades, condiciones en el acceso y permanencia, graduación y el egreso para todos quienes lo requieran.
También implica el otorgamiento de becas para aquellas personas que sufran carencias económicas verificables. El sistema de becas estará destinado a aquellos estudiantes que por razones económicas no pudieran acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal que nadie se vea imposibilitado por ese motivo de cursar tales estudios.
El Estado deberá equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidad permanente o temporaria.
La Educación Superior estatal es gratuita e implica la prohibición de establecer cualquier tipo de gravamen, impuesto, arancel o tarifa.
Toda persona que apruebe la educación secundaria podrá ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior y cada Institución universitaria nacional dictará las normas sobre regularidad en los estudios que establezcan condiciones académicas exigibles.
De esta forma, las universidades públicas que presentaban un régimen de ingreso eliminatorio, como por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata, se han ajustado a la ley, permitiendo el ingreso irrestricto en todas las carreras y haciendo que los alumnos obtengan la condición de “regulares” desde el momento de la inscripción.
Por otro lado, la ordenanza sirve para fijar un marco regulatorio dentro del cual las facultades podrán estructurar sus cursos nivelatorios, también llamados “cursos de ingreso” en tanto y en cuanto respeten siempre el carácter libre e irrestricto del ingreso.
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