Los trabajos de limpieza del Matanza-Riachuelo estarán finalizados en seis años, anunció el gobierno nacional. Pero mucho antes, los integrantes de la Corte Suprema seguramente realicen una “inspección judicial” en toda la cuenca, para evaluar el proceso de saneamiento, adelantó el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. La Corte fijará “una nueva fecha de audiencia” para evaluar los avances en el cumplimiento del fallo que ordenó la limpieza del río.
“Dijimos que íbamos a hacer un listado de preguntas más específicas dirigidas a las distintas jurisdicciones y a fijar una nueva fecha de audiencia para ir más al detalle en cada uno de los temas”, dijo Lorenzetti. En ese marco, y para complementar el seguimiento de las tareas en la Cuenca, agregó que “es muy probable también que hagamos una inspección judicial” en la zona.
Juan José Mussi, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), dijo que la cuenca quedará saneada en seis años y prometió que “en tres meses” finalizará la inspección de las empresas radicadas en la zona. Ese lapso, precisamente, es lo que resta para que venza el plazo previsto por la Justicia, bajo advertencia de aplicación de nuevas multas. Por disposición de la Corte, el juez federal de Quilmes Luis Armella tiene a su cargo la causa por el saneamiento de la cuenca, para que sean efectivas las tareas de limpieza y mantenimiento de las márgenes del río.
“El año que viene van a estar en marcha los mecanismos” que requirió la Justicia, aseguró Mussi, y enseguida advirtió acerca de lo extenso que resultará el proceso total.
“A partir de ahí, contemos cinco años más para el saneamiento”, agregó, porque una vez que se deje de arrojar (residuos), viene la limpieza”.
Mussi insistió en la necesidad de “no generar expectativas” acerca de la velocidad en que puede ser limpiado el curso de agua. “De ninguna manera se puede resolver el problema de 200 años en un año”, dijo, al señalar que las tareas necesariamente se extenderán en el tiempo.
Más temprano, junto con la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el secretario había presenciado el retiro del último barco hundido en el Riachuelo, a la altura de La Boca.
Allí, advirtió que “serán multadas y clausuradas” las empresas radicadas en la zona de la cuenca que no reconviertan sus plantas para evitar contaminar. Por otro lado, aseguró, “hay empresas que quieren colaborar y las vamos a ayudar”.
De las 19.500 empresas radicadas en la cuenca, la Acumar auditó ya a 13.000, explicó Mussi, que por eso aseguró que “en tres meses estaremos terminando de inspeccionar a todas”. El funcionario también procuró señalar que no politizará “este tema”. “La presidenta Cristina Fernández así me lo ha pedido y ella es una fogonera permanente sobre el tema del Riachuelo. Día a día me pregunta qué va pasando con esto, por lo cual no voy a entrar en polémica en este año electoral”, afirmó. Sí recordó que había dicho “claramente que el año que viene van a estar en marcha los mecanismos de saneamiento. Vamos a tardar alrededor de cinco años en que esté totalmente en marcha, después de que se haya evitado el vuelco (de desperdicios en el río), recién comienza la limpieza”, porque “sería ridículo tratar de limpiar lo que se ensucia al otro día”.
Una historia llena de promesas
Corría el año 1993, cuando la entonces secretaria de medio ambiente María Julia Alsogaray prometió limpiar el Riachuelo en 1000 días, incluyendo la posibilidad de la posibilidad de nadar, pescar y realizar deportes náuticos en la cuenca.
Para que pudiera lograr su cometido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó a la Nación un préstamo por 250 millones de dólares, pero la obra nunca se concretó. Años después, la ex funcionaria pública declaró: “Quise pero no pude” y atribuyó el incumplimiento de la empresa a una presunta responsabilidad de gobiernos posteriores. Además, la ex funcionaria aseguró que no pudo cumplir la promesa a causa de desinteligencias que, según dijo, existían entre Menem, el entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y el radical Fernando de la Rúa, que era intendente porteño.
“¿Cree que usted hubiera podido trabajar con Menem de presidente, Duhalde de gobernador y De la Rúa como intendente? No es fácil […] aparecen intereses particulares, locales, de cada municipio. Por ejemplo, no se podía hablar de entrar a limpiar Dock Sud porque los intereses eran muy fuertes”, manifestó Alsogaray en declaraciones efectuadas a Radio Del Plata.
Alsogaray explicó que la alta contaminación del río fue “estudiada” en su gestión, cuando “se definió un plan” de saneamiento “aprobado en una audiencia pública, en el Banco Nación”. En el marco del plan, según la ingeniera, Aguas Argentinas recibió fondos del Estado por obras que jamás se ejecutaron y que incluían la instalación de conductos en las márgenes del río.
“Aguas Argentinas cobró para hacer conductos pero no los hizo; cobró por un Servicio Universal de Medio Ambiente (SUMA) y tenía que completar las redes cloacales en zonas como La Matanza. Se recolectó para el pago del SUMA y la concesionaria tenía que usar ese dinero en hacer los colectores”, sostuvo.
Fuente: Clarín, La Nación, Fotos: Télam
